Poco después de que se desatara la pandemia, este grupo interdisciplinario de mujeres jóvenes creó la Red de Acción Carcelaria, una organización que comenzó con el objetivo de repartir productos de higiene como shampoo, jabón, toallas higiénicas y papel higiénico, además de mascarillas y otros implementos, entre la población penal femenina. La iniciativa, hoy constituida como fundación, ha ayudado a casi dos mil mujeres privadas de libertad -de un total de 3.200-, de 21 recintos penitenciarios de Chile. Este apoyo básico “es la base para luego proponer un modelo de reinserción social”, plantea Elisa Alcaíno, presidenta de la agrupación. Cuando el proyecto se consolidó añadieron un área de investigación que, junto a la Plataforma Telar, trabaja en la caracterización de las mujeres en las cárceles. También participaron en la coordinación nacional de la Red de Cabildos Penitenciarios, la que realizó más de 200 cabildos en cárceles a lo largo del país. Además, impulsaron el voto de las personas privadas de libertad (esperando sentencia o condenadas a penas no aflictivas), el que sería implementado por primera vez en el plebiscito de salida.